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Consejo Municipal cusa al síndico de San Luis Raúl Mañón de violentar algunas leyes

enrique de la rosa | 15:58 | 0 comentarios

Por Enrique de la Rosa
Distrito Municipal San Luis, Santo Domingo Este, Rep. Dom. Como nula coincidieron en señalar los miembros del Consejo de vocales de la Junta Municipal San Luis, las relaciones entre ellos y el director municipal ingeniero Raúl Mañón García, debido a que los vocales como órgano normativo van por un lado y el director como administrativo vas por el otro. 

Los vocales Martha Canaán, Richard Vásquez Soriano, Daniel Gui Ovalle y Wendy Cepeda, señalaron algunas de las anomalías que supuestamente está incurriendo el ejecutivo municipal Raúl Mañón. 

El vocal Daniel Gui Ovalle acusó al sindico Mañón, de violentar la Ley 156-07 del Distrito Nacional y los Municipios; la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado; la Ley200-04 de Libre Acceso a la Información Publica. 

Ley 156-07 del distrito nacional y los municipio tiene en uno de sus considerandos: que los ayuntamientos, como organismos de la administración pública que forman parte del Estado deben contar para el desarrollo de sus actividades con un marco regulatorio que defina de manera clara y coherente las bases políticas, administrativas e institucionales a los fines de garantizar la participación democrática de sus habitantes en la toma de decisiones de los gobiernos locales; 

La 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones considera en uno: que es deber del Estado lograr la máxima eficiencia en el manejo de los fondos públicos, asegurando adicionalmente competitividad y transparencia; 

Mientras que Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04. En uno de sus considerandos establece: que el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones y opiniones y a difundirlas está consagrado como un principio universal en varias convenciones internacionales, ratificadas por la República Dominicana, razón por la cual el Estado está en el deber de garantizar el libre acceso a la información en poder de sus instituciones.

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